La formación política pedirá al Pleno que se inste a agentes
sociales, patronal y Gobierno a que los acuerdos no lesionen los derechos de
los trabajadores
El Grupo de
Diputados de Izquierda Unida ha registrado una moción
que será vista en el Pleno de la Diputación Provincial de mañana por la que pide
el rechazo de la institución a la ampliación de la edad de jubilación que el
Gobierno de la Nación tiene previsto aplicar, así como su oposición a cualquier
modificación de los sistemas de cálculo de la pensión que reduzcan las
expectativas y derechos de los trabajadores en activo.
La moción
plantea asimismo, que se inste a los
agentes sociales, Patronal y Gobierno a que los acuerdos sociales que puedan
alcanzarse no lesionen los derechos de trabajadores y trabajadoras en materia
de derechos contractuales, negociación colectiva o prestaciones sociales.
Izquierda Unida ha mostrado su rechazo a
la voluntad de reformar el sistema de pensiones mediante el incremento en dos
años de la edad de jubilación, junto a otras medidas, como la de modificar el
sistema para el cálculo de las pensiones. Para la formación política, estas
medidas que son de gran calado social, ”se pretenden poner en marcha al margen
de cualquier acuerdo con los agentes sociales, al margen de cualquier proceso
de concertación social y, lo que es más importante, vulnerando el compromiso de
no utilizar la crisis para deteriorar el sistema de pensiones, con lo que se somete a la sociedad española a un
sacrificio más, en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas frente a
la crisis”.
Para la
formación política, “se trata de una iniciativa más que desplaza sobre los
trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis económica; una filosofía que
sustituye cualquier lógica de solidaridad y compromiso con la superación de la
crisis por la lógica neoliberal de reducción del gasto social”. Añade, que “estas
decisiones antisociales, junto a otras que vienen aplicándose por el Gobierno
central, suponen una profunda agresión a los derechos de los trabajadores, una
concesión a la derecha política y económica y a los empresarios que, por otra
parte, no constituyen ninguna aportación concreta y real a la superación de la
crisis económica”.